jueves, 2 de febrero de 2017

Sería premiar la ilegalidad


Por : Juan Terrero Perez 

El Gobierno parece decidido a enfrentar con seriedad y valentía el problema que representa la ocupación ilegal de grandes extensiones de tierra en el Parque Nacional Valle Nuevo, por parte de grandes, medios y pequeños productores agrícolas.

Aunque un titilar periodístico decía en estos días que el tema tiene en jaque al presidente Danilo Medina por los intereses económicos y políticos que medran en el caso, las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tiene la obligación de no flexibilizar su posición, por lo que implica Valle Nuevo para la producción de agua para la República Dominicana.

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctor Francisco Domínguez Brito ha explicado que la conservación de esa área protegida es un mandato de la Constitución de la República, y por tanto: “No está supeditado a un pago”. Se refiere a que los ocupantes ilegales de los terrenos, ahora reclaman indemnizaciones.

La conservación de los predios de Valle Nuevo se remonta al año 1961, y en 1964, mediante la Ley 64/00 fue declarado Parque Nacional, o sea zona vedada a todas actividades destructivas de las manos del hombre.

Este 29 de enero vence el plazo dado por Medio Ambiente a los ocupantes ilegales, y el ministro Domínguez Brito, ha reiterado que no habrá prórroga para el desalojo en el parque y afirmó que nadie recibirá pagos por tierras.

Técnicos y ambientalistas han manifestado que los daños ocasionados por los ocupantes ilegales de Valle Nuevo, “ni siquiera la naturaleza” podrá repararlos en 20 años.


De ahí es que, sostenemos llegar a acuerdo para indemnizar a ocupantes ilegales de Valle Nuevo, es simplemente premiar la ilegalidad.

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