miércoles, 11 de marzo de 2020

EEUU denuncia que Poder Judicial desestimó casos de corrupción de alto nivel

Carolina Pichardo
Santo Domingo, RD
 El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció en su Informe sobre Dere­chos Humanos en la región, correspondiente al 2019, que el Gobierno dominicano no ha implementado correc­tamente las leyes para apli­car penas criminales contra funcionarios públicos acusa­dos de corrupción.
“El gobierno tomó algu­nas medidas para castigar a los funcionarios que come­tieron abusos contra los de­rechos humanos, pero hubo informes generalizados de impunidad y corrupción ofi­ciales, especialmente entre los altos funcionarios”, expli­ca el reporte anual publica­do ayer.
Indica que a pesar de que leyes dominicanas estable­cen un poder judicial inde­pendiente, el Gobierno “no respetó la independencia ju­dicial y la imparcialidad”.
El informe señala que hu­bo enjuiciamientos selecti­vos y despidos de casos en medio de denuncias de so­borno o presión política in­debida.
“El poder judicial desesti­mó rutinariamente los casos de corrupción de alto nivel. La corrupción del poder ju­dicial era un problema gra­ve”, manifiesta el estudio.
Detalla que en septiembre de 2017 la Suprema Corte de Justicia comenzó el juicio contra seis de los 14 vincu­lados en el caso de sobor­nos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de ha­ber pagado 92 millones de dólares como soborno por contratos de obras del Esta­do.
“Los seis acusados in­cluían un senador, un repre­sentante de la cámara baja, un exsenador y un exminis­tro de Obras Públicas. La sociedad civil acogió con be­neplácito el juicio como un paso adelante en la lucha contra la corrupción, pero los activistas destacaron lo que percibían como falta de voluntad política para inves­tigar a fondo el caso, que in­volucraba a las élites políti­cas y económicas del país”, detalla el informe estado­unidense.
De acuerdo con un in­forme del Consorcio In­ternacional de Periodistas de Investigación además de los 92 millones dólares, Odebrecht distribuyó otros 39.5 millones de dólares en sobornos durante la cons­trucción de la planta de car­bón de Punta Catalina.
“Después de que este in­forme se hizo público, la Oficina del Fiscal General interrogó a consultores fi­nancieros involucrados en el proceso de licitación de la planta, pero no presentó cargos adicionales. El fiscal general y una comisión de­signada por el gobierno des­estimaron previamente las acusaciones de irregulari­dad  en el proceso de contra­tación de la planta”, señala.
Monitoreó llamadas y correos electrónicos
Otro de los puntos tratados revela que el Gobierno domi­nicano monitoreó llamadas telefónicas no autorizadas, así como correos electrónicos pa­ra inferir en la vida privada de individuos y familias.
Entre los problemas impor­tantes de derechos humanos se incluyen informes de ase­sinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de se­guridad del Gobierno; tortura por parte de la policía y otros agentes del gobierno, deten­ción arbitraria, condiciones penitenciarias severas y po­tencialmente mortales, inter­ferencia arbitraria con la pri­vacidad, graves problemas con la independencia del po­der judicial, difamación cri­minal para periodistas indi­viduales, grave corrupción gubernamental y violen­cia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
 Amenazas a periodistas
Otro tema indica que perio­distas dominicanos recibieron amenazas y ataques físicos por denunciar grupos crimi­nales y casos de corrupción en los medios de comunicación.
Resalta las amenazas que en octubre de 2019 recibió un comentarista televisivo de Monte Plata tras criticar su­puestas conexiones de los po­líticos locales con los narco­traficantes.
La Sociedad Interamerica­na de Prensa (SIP) informó que los periodistas dominica­nos sufrieron ataques violen­tos por parte de militares y po­liciales de los funcionarios del Gobierno, particularmente al cubrir las protestas dirigidas por la sociedad civil.
Otro de los casos es el des­pido de Marino Zapete de Teleradio América tras de­nunciar que la hermana del procurador general de la Re­pública Jean Alain Rodríguez, Maybeth Rodríguez, habría recibido contratos guberna­mentales sin licitación por va­lor de 750 millones de pesos dominicanos.

Fuente: Listin Diario 

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